*Normalistas destrozan la sede del Tribunal Superior de Justicia en Iguala ante la desaparición de video de los hechos.
*La ONU felicita y reconoce a Peña Nieto por la investigación pero exige ante los padres el esclarecimiento de los hechos.
*Arrestos de elementos de los Guerreros Unidos no dan respuestas positivas de los desaparecidos.
* Llama HAF a normalistas y padres de familia a que eviten actos de vandalismo.
Por: Angélica Ontiveros
Redacción.- Desde la desaparición de los 43, el 26 de septiembre de 2014, la ONU externó su apoyo al gobierno mexicano para colaborar en la investigación; de igual modo aseguró compartir el mismo objetivo que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y su gobierno en el sentido de mantener el diálogo con las familias de las víctimas, encontrar la verdad de lo ocurrido para que se haga justicia y reparar a las víctimas”. Sin embargo, aunque El Sistema de Naciones Unidas en México ha reconocido desde hace un año la importancia de las medidas anunciadas por el presidente, continúa exigiendo el esclarecimiento de los hechos ante los padres de las víctimas reiterando “su plena disponibilidad para seguir colaborando con el Estado Mexicano”.
Pero a tan sólo unos días de la llegada del segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, las manifestaciones de violencia están a flor de piel, lo que ha desatado un ambiente de sucesos vandálicos a lo largo de esta semana.
Y es que en protesta por la sospechosa destrucción de un video clave en el caso de la masacre y desaparición de sus 43 compañeros registrada hace dos años, estudiantes normalistas de Ayotzinapa destrozaron la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en la ciudad de Iguala. Esto luego de que en un comunicado emitido en agosto del 2015, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se denunciara la posible destrucción de un video que habría registrado el momento exacto de la desaparición de los 43 normalistas y que fue grabado por las cámaras del Palacio de Justicia de esta ciudad.
El violento suceso se registró este 22 de septiembre durante el mediodía, con la llegada de normalistas que arribaron en varios autobuses al lugar ubicado sobre la carretera federal México-Acapulco, a la altura del punto conocido como El Puente del Chipote, en la parte sur de Iguala.
Inmediato a esto, los manifestantes invadieron el edificio, desalojaron a los trabajadores y comenzaron a destrozar expedientes judiciales, documentación oficial, mobiliario y hasta equipo de cómputo. Asimismo, lanzaron piedras y bombas molotov contra la fachada del edificio del Poder Judicial donde dejaron mensajes en los que exigen justicia a dos años del crimen contra sus compañeros. Mientras abandonaban el lugar recriminaban reiteradamente la destrucción del video considerado como clave en el caso para determinar el grado de implicación de autoridades de los tres niveles y el Ejército con el crimen organizado.
Por otra parte, durante ese mismo día el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, realizó su primera visita oficial a la emblemática Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, donde mencionó que “todos compartimos el dolor y frustración” de las familias, enfatizando además que ese caso “no está esclarecido”.
Desde esta institución, Jarab abogó por lograr que se cumplan cuatro pilares fundamentales en este caso: verdad, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición de los hechos.
Con este último punto, recalcó que en un país que sumó 27.887 desaparecidos registrados oficialmente al cierre de 2015, es fundamental superar “un clima de impunidad”. Esta reunión con los padres en el municipio guerrerense de Tixtla, fue a puerta cerrada y en ella participaron ONGs que asisten a los padres de familia.
En cuanto a los sucesos vandálicos ocurridos el 22 de septiembre, las consecuencias apuntan a una gran condena por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Robespierre Robles Hurtado, quien además de desempeñar como notario en Acapulco, ha sido señalado y acusado por sus presuntos nexos con el narco, anunció que interpondrá una denuncia penal ante autoridades ministeriales para deslindar y fincar responsabilidades ante la destrucción de mobiliario, equipo de cómputo y expedientes judiciales.
A través de su cuenta de Twitter, Robles Hurtado advirtió que en el inmueble destruido se encuentran los archivos de las causas penales relacionadas con el caso Ayotzinapa, en particular con el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de los estudiantes Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes y otras personas; pero ahora con esta acción de los normalistas al quemar expedientes judiciales, dice que se “aleja de la verdad, no sólo en el caso de la masacre y desaparición de los 43 sino del resto de los expedientes de los ciudadanos.
En defensa, el vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz señaló que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado pretende distraer la vista de los hechos cuando dice que los manifestantes que protestaron en la Ciudad Judicial de Iguala destrozaron expedientes del caso Ayotzinapa.
Al respecto de las declaraciones de Robles Hurtado, Felipe de la Cruz aclaró que en la Ciudad Judicial de Iguala no hubo ningún incendio que pudiera deshacer un expediente.
“Si empieza él a tratar de difamar o a hacer anuncios equivocados o con mentiras, sabemos que como quiera miente, pues ni modo nosotros vamos a seguir con nuestra protesta”, mencionó.
Felipe de la Cruz aseguró que Robles Hurtado al igual que todos los políticos y funcionarios, pretende “voltear las cosas” al hacer ver a los normalistas y a sus padres como si ellos fueran delincuentes. De igual modo, aseveró que los padres de familia de los normalistas están seguros de que el Tribunal Superior de Justicia es cómplice de que no se sepa del paradero de los 43 normalistas y más tarde manifestó que hay complicidad entre Robles Hurtado y la ex presidenta del tribunal, Lambertina Galeana Marín,
En torno a todo esto, el Gobernador Héctor Astudillo Flores indicó que su postura es que “no se deje de hacer lo necesario para encontrar la verdadera y exacta realidad de lo sucedido”, además de que los llamó a los normalistas y padres de familia a que se eviten los actos de vandalismo ya que aseguró que eso no resuelve nada.
Agregó que esta es una herida difícil de sanar y que mientras no se sepa exactamente qué sucedió y dónde están los 43 jóvenes va a ser muy complicado que se pueda aceptar todo lo que se ha dicho, por lo que creyó que hay cosas pendientes que se tienen que hacer.
Ante las protestas radicales que puedan realizar los manifestantes, anunció que seguirán haciendo lo mismo que se ha hecho en los días pasados e hizo un llamado a que se eviten los actos de vandalismo que no ayudan en nada y causan una preocupación por lo que sucedió, así como temor a las personas que están al rededor donde se manifiestan a veces con acciones violentas. Con respecto al enfrentamiento que sucedió en San Miguel Totolapan la noche de este viernes 23 de septiembre, comentó que tienen información de algunas cosas, pero nada con precisión. (Imágenes de sipse.com y tabasco.com)
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