Se han cumplido dos años de la tragedia de Iguala, donde 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos fueron desaparecidos de la faz de la Tierra. Las líneas de investigación fueron varias, primero políticas y luego de seguridad. Los embates y la presión pública hicieron que Ángel Aguirre cayera de la gubernatura, mientras que José Luis Abarca quien era alcalde de Iguala, se encuentra penitenciado en la cárcel, lo mismo que su primera dama María de los Ángeles Pineda
Y cuando esto sucedió, los reflectores se voltearon al narcotráfico y la inseguridad, puesto que se manejó, que ella pertenecía y lidereaba al cartel de narcotráfico más fuerte que opera en esa zona, los Guerreros Unidos.
Nadie lo ha dicho con claridad, pero el móvil inicial ha mutado, puesto que primero era de índole político, luego se volvió de seguridad y finalmente en crimen de estado.
Se dijo inicialmente que los normalistas iban al evento de la entonces primera dama para tomarlo y hacer destrozos, por ello la orden fue detenerlos. Luego la orden según las investigaciones, reviró en que fueran detenidos y desaparecidos, puesto que el camión que habían secuestrado (camión que nunca apareció), iba con un fuerte cargamento de droga, y que ésta no se debía perder costara lo que costara. La pregunta se acrecentó cuando después de las investigaciones, se pudo dar cuenta de que los celulares de los normalistas habían entrado al Batallón de Infantería del Ejército ubicado en la ciudad de Igual, fue entonces que el Estado fue señalado.
“Haiga sido como haiga sido”, como decía el presidente Felipe Calderón; los normalistas desparecieron, y la cuenta dejó un normalista desollado, uno más hasta la fecha en coma, la muerte de una mujer, dos jugadores de fútbol del equipo Avispones y el chofer del camión; y hoy a dos años, los resultados y las más de 300 detenciones entre policías, alcaldes y narcotraficantes, no han sido suficientes para calmar el clamor popular: Vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso
Por otro lado, el mismo dolor experimenta la familia Maganda Zapata y los panistas de Guerrero, quienes piden al gobierno estatal le exijan al Fiscal del Estado, Xavier Olea, se ponga a trabajar y no solo venga a pasear a Acapulco; quieren un informe de los resultados de las investigaciones que hasta el momento solo han dejado como resultado cinco presuntos culpables dejados en libertad. La exigencia es que si estos ya están libres, les den a conocer las otras líneas de investigación.
Esto evidencia que la justicia no es para todos, incluso ni el algunas élites políticas; que la impunidad impera en las oficinas de quiénes procuran justicia, sean del orden que sea, federal o estatal para el caso da lo mismo. Que no pueden o no quieren saber de las pesquisas en las investigaciones.
La estrategia es clara, dejar que pase el tiempo, se “calmen las aguas” y el ritmo de la política retome su ciclo. Mientras tanto sin duda, el tiempo pasa y las injusticias siguen
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