Por: Michel Vargas
Acapulco; Gro,. A 21 de abril del 2026.- El representante legal del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos, Jesús Zamora Cervantes, informó que los adeudos relacionados con el uso de la zona federal marítimo-terrestre han superado los 800 millones de pesos, cifra que se ha incrementado con el paso del tiempo debido a la acumulación de multas y recargos.
En conferencia de prensa luego de iniciar la jornada de limpieza en Plaza Quebec, comentó que estos cobros no fueron condonados durante periodos críticos como la pandemia y el impacto de fenómenos naturales Otis y John, lo que ha agravó la situación financiera de los prestadores de servicios.
Zamora Cervantes explicó que se trata de un problema histórico que no solo afecta a los agremiados de su organización, sino a gran parte del sector turístico. Aunque no se cuenta con una cifra exacta de cuántos integrantes presentan adeudos, reconoció que varios mantienen pendientes correspondientes a periodos en los que se solicitó sin éxito la condonación de pagos, pese a que sí se han cubierto otros bimestres.
Ante este panorama, el representante destacó la necesidad de implementar un programa de regularización que permita a los contribuyentes ponerse al corriente.
“Entonces existe un programa de regularización, todos se van a poner al corriente y se va a continuar con el flujo de seguir pagando sus concesiones y permisos. Anteriormente, cuando lo tenía el municipio, se daban descuentos. No se puede de manera, el Estado no puede como tal ni el municipio podían hacer un descuento en todos los rubros porque es un impuesto federal”, dijo.
En este sentido, precisó que cualquier esquema de apoyo tendría que gestionarse ante la Secretaría de Hacienda y la Federación, ya que el Estado solo tiene facultades limitadas para reducir algunos cargos menores, pero no las multas y recargos, que representan la mayor carga económica.
Finalmente, Zamora Cervantes subrayó que aunque actualmente se han realizado algunas obras con estos recursos, como en los accesos a playas y proyectos de infraestructura, aún persisten problemas de transparencia y excesiva burocracia en los procesos de pago.
