*No basta un “lenguaje con perspectiva de género”, sino que verdaderamente debe garantizarse que en todos los actos y resoluciones se aplique el principio.
Chilpancingo de los Bravo, Gro., a 21 de febrero de 2023.- La Dra. en Ciencia Política y Coordinadora de La Nueva Izquierda Guerrero del PRD, Azucena Salazar Pineda, acude al encuentro para el “Análisis del Plan B” y cómo Afecta los Derechos Políticos Electorales de las Mujeres, llevado acabo por La Organización Nacional de Mujeres del PRD y la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática.
La Dirigente Azucena Salazar Pineda, junto al Presidente del PRD Nacional, Jesús Zambrano Grijalva, la Coordinadora Nacional de Mujeres del PRD, Debora Romero Vázquez, Coordinadora de la Nueva Izquierda Nacional, Verónica Juárez Piña y el Presidente del PRD Guerrero, Alberto Catalán Bastida, entre Diputadas y Diputados perredistas, priístas, panistas, sociedad civil y colectivas feministas anunciaron que serán parte de la defensa de la democracia en contra del Plan B.
Al respecto, la Dra. Azucena Salazar señala que “El Plan B” es realmente una reforma electoral regresiva, pues violenta principios; que son derechos ganados, irreversibles, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en diversas leyes generales y federales, así como en tratados internacionales.
Además de violentar la CPEUM; el Plan B afecta tratados internacionales signados por el Estado Mexicano, en materia de derechos humanos y políticos de las mujeres. Específicamente; el Plan B eliminará los avances en materia legislativa y de derechos humanos y políticos de las mujeres, que ya han sido plasmados en las leyes y acuerdos como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), el Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW), y Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belém do Pará).
Salazar Pineda, remarca que las afectaciones a estas leyes se resumen en las siguientes acciones regresivas: El Plan B invisibiliza a las mujeres; omitiendo el uso correcto del lenguaje inclusivo, trascendiendo el sentido de las leyes, pues no es un hecho menor ni fortuito, aplicar regresivamente terminología no inclusiva.
Además, El Plan B establece que en las resoluciones y sentencias que se emitan en los términos de la Ley, debe utilizarse un lenguaje accesible y con perspectiva de género; sin embargo, su redacción y las acciones propuestas son insuficientes. No basta un “lenguaje con perspectiva de género”, sino que verdaderamente debe garantizarse que en todos los actos y resoluciones se aplique el principio.
En materia de Violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG). El Plan B también violenta la progresividad de las leyes; Una acción afirmativa en pro de los derechos políticos de las mujeres; lo constituye la suspensión de los derechos políticos y electorales aplicable a personas agresoras, involucradas en casos de Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género. El Plan B prohíbe esta suspensión, habilitando, posibilitando y blindando a las personas agresoras para competir por cargos de elección popular o partidista, aún y cuando esté acreditada su culpabilidad.
Violenta y discrimina a las mujeres; al imponer la carga de la prueba (onus probandi), que establece por regla general que “la persona que afirma está obligada a probar”. La legislación actual no considera los casos de VPMRG; en los que, por el contrario, se aplica una reversión de la carga probatoria. La carga probatoria que establece el Plan B; exige a las víctimas un estándar imposible de probar, dadas las circunstancias en que comúnmente se despliegan los actos de violencia y discriminación (jurisprudencia SUP-REC-91/2020). En general, las pruebas no consideran las particularidades de los casos de VPMRG. Incluso se mantiene la excepcionalidad de la prueba pericial, cuando es de mucha utilidad para acreditar violencia sexual o psicológica.
La Dra. Azucena Salazar, señaló que el Plan B del Presidente López Obrador, busca desarticular toda la estructura democrática por la que se ha luchado en México durante décadas, para privilegiar al ahora partido oficial, MORENA, en las elecciones tanto del 2023 como del 2024. “El Presidente López Obrador continúa desarticulando las instituciones, a fin de lograr un presidencialismo absolutista, autoritario; y de partido hegemónico, socavando la democracia y perfilando a nuestro México hacia una dictadura”, señaló.
Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que este 26 de febrero se unan a la defensa de la democracia y a manifestarse en contra del Plan B el las plazas públicas de Guerrero y en el país.
