Por:Gandhi Cabañas[1]
La elección del pasado primero julio desquebrajó profundamente al sistema político. Los resultados de la decisiva participación de la ciudadanía, asestaron un duro golpe al tradicional sistema de partidos políticos y a su forma habitual de hacer política y de ejercer el gobierno, es decir, a toda aquella clase política que venía ostentando el poder público. Y llegó a tal magnitud el golpe, que depuró al propio sistema, pues tanto en lo local como en lo federal, varios partidos, al no alcanzar el umbral mínimo del porcentaje de votación, perdieron su registro, y aquellos otros partidos poderosos que tradicionalmente formaban mayorías en las Cámaras del Legislativo, quedaron en una reducida y muy penosa representación jamás vista en la historia político-electoral del México democrático.
Pero más allá de estas consideraciones, resulta importante destacar que la sociedad rebasó toda expectativa, hasta de la misma coalición “Juntos haremos historia”, porque su contundente triunfo fue producto de un alto nivel de organización de un movimiento social que incluyó, no solo a sus militantes y simpatizantes, sino en su gran mayoría a la sociedad civil, en otras palabras, a toda aquella ciudadanía que no tiene identificación plena con partido alguno. Y así fue, cómo la coalición conquistó, con AMLO a la cabeza, la Presidencia de la República con más de 30 millones de votos (ubicándolo en la historia como el Presidente más votado), la mayoría en ambas Cámaras del Poder Legislativo Federal, Gubernaturas, Ayuntamientos y la mayoría en los Congresos Locales. Sin embargo, esto no significa un cheque en blanco, porque frente a los grandes problemas nacionales, se ha creado una altísima expectativa de cambio tanto en lo social, como en lo económico y político.
El profundo contenido social de los resultados electorales, reclama nuevas formas democráticas de ejercer el poder y un cambio transcendental en la vida pública. Esto quiere decir, que se necesita del diseño de nuevas relaciones entre gobernantes y gobernados, que permitan ejercer la democracia en todos los sentidos, y no únicamente en lo electoral como tradicionalmente se ha venido asumiendo: La democracia como forma del Estado, del gobierno y del régimen. Esto quiere decir, que no basta con solo desarrollar elecciones para acceder al poder, pues resulta imprescindible democratizar el ejercicio de los gobiernos en sus distintos niveles, cuyo contenido sustancial se debe visualizar en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, acciones y programas; y también, de forma esencial, en la creación de mecanismos eficaces y efectivos que garanticen el acceso a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Por tanto, se debe desterrar la idea de la democracia electorera que se reduce al sufragio, y del ejercicio del poder que se limita a la simple administración de los recursos públicos, a la administración de la pobreza.
Es importante analizar y entender la coyuntura, sus complicaciones, alcances y expectativas, porque estos nuevos gobiernos de izquierda enfrentan grandes problemas como los altísimos niveles de pobreza, la fuertemente inequitativa distribución de la riqueza, el rezago, la marginación, el desempleo, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, el quebrantado Estado de Derecho y la violación sistemática de los derechos humanos, por tan solo mencionar los problemas más sentidos. Y más aún, en medio de todo ello, tendrán que coexistir y lidiar con los poderes fácticos que siguen teniendo fuerte influencia en el acontecer en todas las dimensiones de la sociedad, y con los resquicios del antiguo régimen político anacrónico que niega llegar a su fin. Y, por si fuera poco, con un nuevo poder fáctico en la modalidad más agresiva y directa que la sociedad vive a diario: el crimen organizado. Así el nivel y cúmulo de los problemas y retos a los que se enfrenta la IV Transformación que ha echado a andar el Presiente AMLO.
Si bien es cierto, que es preciso que el cambio debe empezar desde las estructuras gubernamentales, también es indispensable que la sociedad asuma lo que le corresponde: un mayor interés y participación en los asuntos públicos, y desde luego, en conjunto con el gobierno y las instituciones del Estado, crear ciudadanía de mayor y de mejor calidad, que esté centrada en una sólida cultura de la legalidad, en el bien común y, que sea consistente con valores cívicos y morales.
En esto este contexto, gobierno y ciudadanía, y a
la sazón de esta coyuntura provocada por los resultados de este inédito un
movimiento social en la elección del primero de julio, deben replantear qué
tipo de sociedad se quiere, y para ello, qué tipo de políticas se requieren en
la educación, en la economía, en el campo, en el desarrollo social, en lo
político, en la cultura, en la generación de empleos, en el deporte, en la
seguridad y para alcanzar la tan anhelada plena realización de los derechos
humanos. En resumen, qué futuro debemos plantearnos todas y todos para nuestro
país.
[1] Presidente de “Firme Voluntad AC”.
