*Los despidos y juicios de extrabajadores que reclaman el pago de más de 177 millones de pesos se originan en administraciones anteriores
Acapulco, Gro., 30 de abril de 2026.- El Congreso del Estado de Guerrero declaró improcedente la solicitud de juicio político presentada contra la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, al considerar que no existen elementos jurídicos que acrediten responsabilidad de carácter político.
La decisión fue aprobada en el pleno con 35 votos a favor y una abstención, con base en el dictamen de la Comisión de Examen Previo, que concluyó que los hechos señalados no actualizan causales para iniciar un procedimiento de esta naturaleza.
La denuncia fue promovida por un grupo de ex trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco, quienes reclamaron presuntos adeudos derivados de laudos laborales por alrededor de 177 millones de pesos. El análisis legislativo precisó que estos conflictos derivan de despidos en administraciones municipales anteriores, cuyos procesos se han mantenido en litigio durante años.
El Congreso determinó que el asunto corresponde estrictamente a la vía laboral, por lo que su resolución compete a los tribunales y no al Poder Legislativo, al tratarse de controversias de naturaleza individual entre ex trabajadores y el Ayuntamiento.
El expediente fue radicado por el Congreso del Estado de Guerrero con número HCEG/LXIV/CEP/010/2025 y fue revisado desde el año pasado, para posteriormente ser retomado en esta etapa legislativa, donde finalmente se ratificó su improcedencia, con lo que se cerró el camino a su tramitación política.
En el apartado de antecedentes, se menciona que el ex diputado Ramiro Solorio Almazán ha promovido solicitudes como una revocación de mandato contra la alcaldesa, además de otros señalamientos de carácter administrativo y laboral, sin que estos hayan prosperado en el Congreso.
Los ex trabajadores conservan a salvo su derecho para ejecutar la resolución laboral mediante los procedimientos legales correspondientes, los cuales deberán agotarse en los plazos que establece la ley, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y los juzgados federales.
El Poder Legislativo reiteró que las controversias laborales deben resolverse en instancias jurisdiccionales y no en el ámbito del juicio político.
