Chilpancingo, Gro., 10 de julio de 2026.- La Comisión de Salud del Congreso del Estado analiza una proposición con punto de acuerdo de la diputada Obdulia Naranjo Cabrera para fortalecer la cobertura del Programa Estatal de Salud Mental y Adicciones, mediante la contratación y distribución estratégica de personal especializado en psicología, psiquiatría y trabajo social en los municipios con mayores necesidades de atención.
Sobre esta propuesta de exhorto a la Secretaría de Salud estatal y el Consejo de Salud Mental y Contra las Adicciones del Estado de Guerrero, la legisladora del PVEM refirió que la salud mental constituye uno de los principales desafíos de salud pública, a raíz de que en los últimos años se registra un incremento de casos de ansiedad, depresión, consumo de sustancias psicoactivas y conductas suicidas.
Abundó que esta problemática afecta a todas las edades, pero especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes; situación que se agrava aún más en Guerrero debido a factores como la pobreza, marginación, violencia y la dispersión geográfica, lo que dificulta el acceso a servicios especializados.
Naranjo Cabrera reconoció que la Secretaría de Salud estatal ha realizado acciones al respecto, “aunque hay mucho por hacer, ya que existen municipios con atención psicológica y psiquiátrica insuficientes; comunidades rurales e indígenas que requieren servicios itinerantes y centros educativos donde hacen falta programas permanentes de prevención y atención”, detalló.
Por lo anterior, planteó la necesidad de fortalecer el Programa Estatal de Salud Mental y Adicciones, mediante la ampliación de personal especializado, la implementación de programas permanentes de atención psicológica y prevención del suicidio en escuelas, el despliegue de brigadas móviles en comunidades alejadas y el fortalecimiento de acciones preventivas dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como consolidar un sistema estatal de información que permita diseñar políticas públicas con base en evidencias.
Naranjo Cabrera remarcó que garantizar el acceso a los servicios de salud mental representa una inversión en el desarrollo humano, la estabilidad familiar y la seguridad pública.
