“Guerrero no necesita funcionarios de esa índole; por el bien de este estado, debe salir de la Auditoría”, afirma
Acapulco, Gro., 08 de julio de 2026.- Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, exigió la salida del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, a quien responsabilizó por actuar sin facultades constitucionales para revisar recursos federales y por afectar la confianza en las instituciones encargadas de la fiscalización.
“Yo exijo la salida. Guerrero no necesita funcionarios de esa índole. Por el bien de este estado, él debe salir de la Auditoría”, declaró durante una entrevista con el periodista Álex Linares en el programa Noticias de Guerrero.
López Rodríguez rechazó que durante su administración existiera desvío de recursos y reiteró que la controversia nunca estuvo relacionada con el destino del dinero público, sino con la autoridad facultada para fiscalizar los fondos federales.
Explicó que la Auditoría Superior del Estado pretendió revisar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) correspondientes al ejercicio 2023, pese a que la Constitución reserva esa atribución exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ese fue el criterio que el Ayuntamiento defendió desde el inicio de la controversia y que la Suprema Corte confirmó con su resolución.
“Yo siempre he dicho que la verdad está por encima de la mentira”, expresó al referirse a los señalamientos que, aseguró, buscaron presentarla como una funcionaria que ocultaba información, pese a que el Ayuntamiento siempre atendió los requerimientos de la autoridad competente.
La Auditoría Superior de la Federación revisó el ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Acapulco por un monto de mil 122 millones de pesos. Al concluir la auditoría, emitió una sola observación por 3.7 millones de pesos, la cual fue atendida y solventada, por lo que el expediente quedó concluido sin irregularidades de fondo.
Los 898 millones de pesos del FAISMUN que la ASE buscó revisar se destinaron a 511 obras en el municipio, entre ellas infraestructura hidráulica, pavimentaciones y acciones en planteles educativos. Todas cuentan con respaldo documental y pueden verificarse físicamente.
“Los proyectos ejecutados durante mi administración siguieron los procedimientos establecidos por las instancias correspondientes”, subrayó.
Para la alcaldesa con licencia, la actuación del titular de la ASE no solo contravino el marco constitucional; también provocó un señalamiento público sobre recursos que ya habían sido auditados y solventados por la autoridad federal, lo que dio pie a una narrativa de opacidad que, a su juicio, quedó desmentida con la resolución de la Corte.
“Se aplicaron procedimientos contrarios al marco constitucional y eso afectó la confianza en las instituciones de fiscalización”, sostuvo.
La resolución de la SCJN sienta, además, un precedente de alcance nacional al establecer que ninguna auditoría estatal puede fiscalizar recursos federales etiquetados como el FAISMUN sin que la Auditoría Superior de la Federación lo autorice expresamente. Ese criterio, de acuerdo con el fallo, brinda certeza jurídica a los municipios del país.
Antes de concluir, Abelina López Rodríguez insistió en que la controversia nunca estuvo relacionada con un presunto desvío de recursos, sino con la competencia constitucional para fiscalizarlos, postura que quedó respaldada por la resolución de la Suprema Corte.
A invitación de distintos medios de comunicación locales, estatales y nacionales, López Rodríguez mostró documentación oficial para sustentar sus declaraciones.
