Chilpancingo, Gro., 23 de enero de 2023.- El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón informó que con el presupuesto aprobado para el sector rural se podrá dar cobertura a los pescadores guerrerenses que no pudieron ser incluidos en el programa federal del ramo.
En entrevista, el también presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Congreso del Estado detalló que hay recursos etiquetados para programas específicos como “Bien Pesca Guerrero”, el cual no existía, y que hoy tiene contemplado alrededor de 5 millones de pesos.
Reconoció que los recursos asignados siguen siendo limitados, pero adelantó que el Congreso seguirá en la ruta de trabajo para que cada año se logren incrementos considerables. En ese sentido, consideró que es un avance sustancial la aprobación de 405 millones de pesos para impulsar la agricultura, ganadería y la pesca en Guerrero, lo que traerá mayor certeza y bienestar a las familias de este sector que han padecido muchos años el abandono.
El legislador sostuvo que la actual administración estatal ha venido realizando incrementos en diferentes rubros; sin embargo, reconoció que el sector rural necesita de mayores recursos, hecho por el cual las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura aprobaron unánimemente un incremento considerable.
Asimismo, destacó que se etiquetaron 20 millones de pesos para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro) trabaje en la estabilización del precio de la masa y la tortilla, que en algunos municipios del estado llegó a ser de más de 30 pesos el kilo.
En materia legislativa, Sánchez Alarcón recordó que en días pasados presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del estado para establecer el “Derecho Animal”, con la finalidad de establecer sanciones más severas a las personas que maltraten, castiguen o abandonen a estos seres sintientes.
Añadió que esta iniciativa surgió en mesas de trabajo que sostuvo con asociaciones protectoras de animales de distintas regiones del estado, y confió en que la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos haga un oportuno análisis y dictaminación, para que pueda ser votada en el Pleno.
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