Por: Michel Vargas
Acapulco; Gro,. A 2 de Julio del 2026.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron al exterior de sus instalaciones ubicadas sobre el bulevar de Las Naciones, en la Zona Diamante de Acapulco, para rechazar el despido de peritos y de la única trabajadora social que prestaba servicio en el estado de Guerrero, medida que aseguraron debe a una política de “falsa austeridad”.
En declaraciones ante medios, los inconformes informaron que a nivel nacional fueron despedidos 43 trabajadores sociales y peritos, decisión que aseguran generará afectaciones en la operatividad de la institución y la atención que se brinda a la ciudadanía. Los manifestantes sostuvieron que los recortes representan un golpe a los derechos laborales y al funcionamiento de la Defensoría Pública Federal.
Durante su mensaje, la oficial administrativa, María Vaney Navarro Tito, explicó que la trabajadora social Rocío Judith Gama Escobar contaba con siete años de servicio en el Poder Judicial de la Federación y era la única profesionista de esa área asignada para atender todo el estado de Guerrero. Señaló que el despido le fue notificado de manera repentina, sin mayores explicaciones, situación que calificó como un atropello laboral.
“Tal vez piensen que en nuestra lucha es estéril, tal vez no logremos que lo reinstalen porque eso lo vemos muy difícil. Pero no nos quedamos callados. Vamos a seguir protestando. Ese es nuestro objetivo, que nos escuchen, que entiendan, que no puede seguir sucediendo. Ojalá y ya no continúen despidiendo gente. trabajadores de la defensoría y el año pasado ya había habido quejas por reducción de los En la delegación Guerreros somos aproximadamente 90, 85 trabajadores en todo el estado que brinda los servicios de asesoría y de defensa penal”, dijo.
Durante el pronunciamiento, los representantes de los trabajadores señalaron que el recorte no solo afecta a los empleados despedidos, sino también al resto del personal, ya que las funciones que realizaban deberán ser absorbidas por otros servidores públicos, incrementando la carga laboral y poniendo en riesgo la eficiencia en la impartición de justicia.
Finalmente, hicieron un llamado al presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas, para que reconsidere los despidos y busque alternativas que no perjudiquen a la plantilla laboral, al considerar que las medidas implementadas bajo la denominada austeridad representan una injusticia para los servidores públicos.
